El Partido Socialista y la cuestión agropecuaria

La juventud del Partido Socialista nos hace llegar la posición de su partido respecto al conflicto Gobierno-Campo.

La economía argentina transita este 2008 su sexto año de crecimiento económico a tasas excepcionalmente elevadas. Esta inédita expansión económica descansa fundamentalmente en el favorable contexto internacional vigente para los países emergentes como la Argentina, caracterizado por los altos precios internacionales de los productos exportables.

Ello ha permitido desarrollar una política económica basada en un círculo virtuoso de tipo de cambio real elevado, altos niveles de superávit externo, altos niveles de retenciones impositivas a las exportaciones y un fuerte superávit fiscal; conjunción que permitió configurar un escenario macroeconómico sin precedentes en por lo menos 50 años de historia.

En el marco de este contexto general en que la producción agropecuaria se convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica tras la crisis que hizo eclosión en 2001, las retenciones se convirtieron en una importante herramienta coyuntural de política económica que permitió no sólo capturar una significativa masa de recursos para paliar los efectos sociales de la crisis, sino también mantener un alto ritmo de crecimiento económico.

Sin embargo, en el mediano plazo este modelo productivo ha ido erosionando el tejido social del medio rural transformando a mucho pequeños y medianos productores en rentistas y dando lugar a una “agricultura sin agricultores”. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, el proceso de concentración de la tierra y de “sojización" no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina , a cuya instancia el PS aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional".

La Argentina está desaprovechando de esta forma una oportunidad histórica de administrar adecuadamente la bonanza económica para poner en marcha un verdadero proyecto nacional concertado que tenga como eje una distribución más equitativa de la riqueza.

El complejo conflicto planteado en razón de la implementación del sistema de retenciones móviles ha dejado de ser ya exclusivamente un problema entre el gobierno nacional y el campo. Lo que está en juego en este sentido no es sólo la definición de una política para el sector agropecuario, sino el presente y el futuro de la sociedad argentina.

La problemática del sector agropecuario ha generado indudablemente un amplio debate nacional que desborda los marcos sectoriales y requiere de propuestas integrales que permitan no sólo una salida positiva a la actual coyuntura, sino la posibilidad única para arribar a consensos básicos que se traduzcan en medidas concretas que, con la intervención del Parlamento y la participación de las entidades agropecuarias, consoliden un camino de verdadero progreso económico y social.

El Congreso Nacional, como ámbito natural de debate y construcción de consensos, es indudablemente el ámbito institucional adecuado para plasmar a través de leyes una política a mediano y largo plazo para el sector agropecuario, y el actor al que la Constitución Nacional le ha asignado la atribución de establecer y modificar los tributos nacionales, y por ello es quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos.

En este contexto, el Partido Socialista no comparte el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y aporta para el debate un conjunto de propuestas legislativas originadas en sus bloques en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación , como así también las formuladas a través del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria concebida en términos de política de Estado, convencidos de que:



Debe avanzarse hacia un esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores, muchos de ellos nucleados en entidades cooperativas, que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles–provincial, municipal y comunal– llevar el bienestar a sus ciudadanos.


La resolución del conflicto debe darse a partir de la formulación concertada e implementación de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria para el mediano y largo plazo con amplio consenso ciudadano que contemple el desarrollo de las economías regionales, hoy inexistente. En este sentido, el PS sostiene que es necesario convocar a un Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, institucionalice un ámbito permanente de debate con un claro criterio federal. Asimismo, entendemos que el establecimiento de un Consejo Económico y Social como mecanismo institucionalizado de diálogo y concertación social que permita debatir colectivamente el proyecto de país, puede constituir un valioso aporte en esa dirección.
El conflicto ha desnudado, en el marco de un sistema tributario que se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad y asimetría sino también por su diseño fuertemente centralista, un conflicto entre Nación y Provincias respecto a la distribución de la renta nacional. En este marco caracterizado por la holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias, el Partido Socialista demanda el inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe ser distribuido a las provincias, y la pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales y municipales.
El diálogo es el único camino posible no sólo para garantizar un espacio de convivencia democrática, tolerancia, y paz social, sino también para la formulación e implementación de las respuestas de fondo que nos permitan a todas y todos aprovechar esta nueva oportunidad que nos ofrece la historia para consolidar un horizonte mejor para la República Argentina.